Federación Española de la Dehesa, satisfecha por sentencia europea sobre pastos

El diario del campo de Castilla-La Mancha

La Unión Europea reconoce la singularidad de la dehesa con una histórica sentencia que anula una sanción de 263 millones a España.

 

La Federación Española de la Dehesa (Fedehesa) y el conjunto de sus organizaciones y entidades han celebrado la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea que reconoce la singularidad de la dehesa y anula la sanción impuesta a España por supuestas irregularidades en pagos por ayudas a la Dehesa, cantidad que el Gobierno de España había repercutido en once comunidades autónomas.

La presidenta de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), María Pía Sánchez, ha mostrado su satisfacción con esta decisión judicial europea señalando el inmenso trabajo y lucha incansable de la federación y de todas sus entidades asociadas para lograr un trato justo para la dehesa, fruto de esfuerzos compartidos. “Un reconocimiento claro, incluso a nivel judicial, de la singularidad de la dehesa y de la necesidad de que este ecosistema sea reconocido y tratado de manera diferencial en la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que está en marcha”, ha señalado.

“Es una gran noticia para este ecosistema que es modelo de desarrollo sostenible para España”, añadía Sánchez en declaraciones a los medios. Esta decisión judicial tiene lugar tras el recurso de anulación que en su día presentó España, a instancias, entre otros, de la Junta de Extremadura y de Fedehesa, contra la decisión de la Comisión Europea de excluir de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados con cargo a los fondos FEADER y FEAGA, y que afecta a las superficies de pastos permanentes declaradas en las campañas 2009 a 2013.

El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea publicaba hace unos días una sentencia que estima parcialmente la demanda que España interpuso contra la decisión de la Comisión Europea de aplicar una importante corrección financiera en relación con la admisibilidad de las superficies de pastos declaradas en el marco de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC 2009-2013). Esta corrección ascendía a más de 260 millones de euros para dicho período y penalizaba especialmente a las superficies de pasto arbustivo y a las superficies de pasto arbolado declaradas en España para el cobro de las ayudas de la PAC.

En concreto, la sentencia anula la decisión de la Comisión en lo que se refiere a dos tipos de superficie, como es la superficie de pasto arbolado ubicada en la dehesa, que había sido penalizada con una corrección del 25% sobre los pagos realizados en la misma. Para el Tribunal ha quedado demostrado que su admisibilidad como superficie para el uso ganadero es superior a la de otros tipos de pasto arbolado, por lo que en ningún caso debería recibir una corrección de esa magnitud. Por otro lado, la superficie de pasto arbustivo declarada por ganaderos que hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie, en cuyo caso la Comisión había impuesto una corrección del 10% sobre los pagos ejecutados en dicha superficie, considerando el Tribunal que dicho cálculo no se ajusta a Derecho.

De esta forma, la decisión del Tribunal supone una reducción de la corrección financiera inicial, así como un reconocimiento a las superficies de los pastos arbustivos y arbolados mediterráneos que se declaran en el marco de la PAC y que son utilizados por los productores en sus explotaciones de ganadería extensiva en todo el territorio nacional. Desde España siempre se ha considerado que la citada corrección era desproporcionada y que no se estaba teniendo en cuenta el importante valor ambiental y forrajero de los pastos arbustivos mediterráneos, cuyo uso se estaba penalizando. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó una demanda para impugnar dicha sanción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El importe más elevado correspondía a la comunidad autónoma de Extremadura

De los 263 millones de euros de sanción impuesta al conjunto de España, el suroeste (Extremadura y Andalucía) era el más perjudicado con un 55% del importe total, correspondiendo casi un total de 80 millones a Extremadura, siendo el mayor importe del reparto entre once regiones debido a los 1,7 millones de hectáreas de dehesa afectadas en el territorio extremeño.

En este sentido, el Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, Raúl Cabello, ha calificado esta decisión europea de “sensata, justa y positiva para el conjunto de sectores que en este ecosistema conviven, puesto que supone un avance en el reconocimiento real de un patrimonio español como es la Dehesa, cuya singularidad y complejidad debe estar presente en la normativa europea a través de un respaldo específico y un trato diferencial, favoreciendo su preservación y conservación de cara a la nueva Política Agraria Comunitaria”. A su vez ha destacado la importancia de la Dehesa para Extremadura, puesto “que este ecosistema agrosilvopastoral y ganadero es un escenario clave para el desarrollo de numerosas actuaciones de sectores punteros de la región extremeña, siendo sustento de numerosos pueblos y comarcas, generando empleo y riqueza, y, en definitiva, actuando como anclaje para el mantenimiento del medio rural”, concluía Cabello.